Chubut: Liberaron Victoria Núñez fernández

Jaque al relato incendiario del gobernador Ignacio “Nacho” Torres. Victoria estuvo privada de su libertad durante 80 días, no puede regresar a su ruka (vivienda) familiar por lo menos hasta dentro de un mes y sigue procesada por una decisión política del Ministerio Público Fiscal de Chubut.

Una de las pocas pruebas sólidas con que cuenta la investigación penal por el ataque incendiario a la estancia Amancay, próxima a Trevelin, es la cámara de seguridad de otro establecimiento cercano, que documentó en el horario próximo al siniestro la presencia de un vehículo de otro color y características físicas diferentes a la camioneta de Victoria Núñez Fernández, Vic, integrante de la lof Pillañ Mahuiza. Otra pericia determinó que el vehículo de la única imputada estaba en Corcovado, unos cuantos kilómetros más al sur, cuando en la madrugada del 18 de enero ardieron unas máquinas en la zona del acceso principal de la estancia. Así es que, en definitiva, la camioneta Renault Kangoo blanca de Vic no es, ni puede, ser la camioneta tipo Fiorino oscura que registró la cámara de seguridad, de acuerdo a la evidencia que se analizó en una audiencia a la que no pudo asistir ni el público ni la prensa, aunque se conoció por la defensa.

El supuesto ataque incendiario en la estancia requiere revisar hechos y procesos que hablan del ejercicio de la fuerza pública en esta etapa, bajo la conducción del gobernador Ignacio Torres, las prácticas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y las reglas del orden libertario impregnándolo todo. También hablan de la sociedad local, tanto de sus grupos y factores de poder como de los movimientos de resistencia al modelo neo-extractivista y de las restricciones a la democracia parlamentaria.

El análisis de los hechos y de los procesos puede ser un instrumento válido para desmontar el relato hegemónico que legitima públicamente prácticas violatorias de los más elementales derechos y garantías. El discurso demonizador contra el activismo del pueblo mapuche-tehuelche, medioambiental y de la clase trabajadora encubre a los actores del Estado y a los operadores de negocios que materializan la persecución en el territorio. Y ese encubrimiento retacea información, insumo fundamental para un pensamiento autónomo.

El lunes 7 de abril Vic recuperó su libertad, aunque con restricciones hasta el 12 de mayo en principio, fruto de la labor de su defensa y de la movilización de amplios sectores y organizaciones que se articularon en una campaña pública. Es la única imputada hasta el momento por el incendio intencional cometido contra vehículos e infraestructura de la estancia Amancay, cuando en el lugar estaban alojados dos contratistas. El establecimiento rural está ubicado a unos kilómetros de Trevelin, pequeña localidad del noroeste de Chubut, en la intersección de las rutas provinciales 71 y 72. La hipótesis del Ministerio Público Fiscal de Esquel asegura que Vic, junto a dos personas no identificadas, provocó el incendio usando bombas tipo molotov. Su defensa probó que en el horario del siniestro estaba en el territorio comunitario que habita, varios kilómetros al sur, dato corroborado por dos peritos, uno de parte y otro de la Fiscalía, informaron Valeria Ponce y Laura Carpinetti, defensoras públicas de la Circunscripción Esquel que asisten a Vic en esta causa.

Hasta el momento no se conoce ninguna precisión sobre el incendio ni los daños, supuesto interés principal de la acción estatal desatada contra cuatro comunidades mapuche-tehuelche y una radio comunitaria, cuyo momento más fuerte fue el 11 de febrero, con razzias simultáneas y masivas en distintos puntos del noroeste.

Operativo Amancay

Desde las primeras horas de aquel martes, decenas de efectivos, durante todo el día, realizaron allanamientos en territorios comunitarios ubicados en áreas rurales aisladas, dos en zona urbana de la localidad de El Maitén y al menos dos en la ciudad de Esquel por pedido de la fiscal María Bottini. Jorge Criado, juez en lo Penal de Esquel, autorizó el procedimiento general a cargo del comisario Pablo Lobos, segundo jefe del área de Investigaciones, y el comisario Emanuel Morales, jefe de la Brigada de Investigaciones de Esquel, que incluía la detención de Vic y el secuestro de su camioneta. El 13 de febrero, en conferencia de prensa, el gobernador dijo que se trató del “operativo Amancay” con doce allanamientos. Para esta nota, contamos información sobre siete allanamientos.

El aparato de Estado arremetió en dos sectores del territorio de Pillañ Mahuiza (Corcovado, al sur), Catrimán-Colihueque (laguna El Martillo), Cañío (paraje Buenos Aires Chico), la sede de la radio Petü Mogueleiñ (El Maitén), el domicilio particular de uno de los fundadores históricos de ese medio comunitario (también en El Maitén) y dos viviendas en barrios de Esquel. Una primera revisión de esos allanamientos permite encontrar algunos rasgos comunes en los procedimientos y golpes por elevación al conjunto del pueblo mapuche-tehuelche en particular, y a todas las resistencias populares en general.

• En Cañío el procedimiento comenzó a las 7.30 y se extendió hasta las 12.30, aproximadamente, a cargo del subcomisario Nelson Díaz, jefe de la División de Investigaciones (DPI) de Esquel.

• En Catrimán comenzó minutos después de las 7, hasta las 10 aproximadamente, a cargo el oficial principal Víctor Arnaldo Cretton, de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales.

• En Pillañ Mahuiza comenzó a las 7 y finalizó a las 17.30 aproximadamente, a cargo de Lobos, según se advirtió en las imágenes que difundió el gobierno de la provincia.

• En el domicilio de Jorge Millán, referente de la radio Petü Mogeleiñ, en la zona urbana de El Maitén, comenzó a las 7.20 y finalizó a las 13 aproximadamente.

• En la sede de la radio el procedimiento se realizó en ausencia de las personas del proyecto.

Rehenes en su propio territorio

–Pero son ancianos –planteó el oficial a cargo del procedimiento a la fiscal Bottini por teléfono, antes de tomar las muestras de ADN a Virginio Cañío (80 años) y Gladys Millán (73), sugiriendo que ni él mismo los imaginaba como potenciales incendiarios nocturnos.

–A los que estén –le respondió la fiscal. Los que estaban eran tres de sus hijxs, de entre 30 y 50 años, más compatibles con las condiciones de presuntos incendiarios nocturnos.

El subcomisario Díaz entró a los gritos, empujando el portón de ingreso al territorio de Cañío, a unos diez kilómetros de El Maitén, en la zona de chacras del paraje Buenos Aires Chico. Fue uno de los pocos que actuó a cara descubierta. “Solamente podíamos mirarle los ojos. Cuando te sostenían la mirada lo hacían con odio, como esperando el momento en que hiciéramos algo que les permitiera pegarnos. Estaban sacados”, relató Marilyn Cañío, werken (vocera) de su comunidad. Después, “cuando vi la conferencia de prensa del gobernador entendí por qué actuaron así. Era la orden. Ir a buscar a gente armada, gente peligrosa”. La orden iba contra los padres. “¿Buscaban bombas molotov en el cajón de la ropa interior de mi mamá?”, reflexionó Marilyn al recordar los detalles del procedimiento.

Al menos a veinte efectivos encapuchados y armados logró ver Marilyn en el interior de la ruka de sus padres y el patio más próximo, pero no pudo tener una vista general del procedimiento, ya que quedó inmovilizada. Irrumpieron con fuerza en el interior de la vivienda y empujaron a Gladys. Marilyn sacó una foto de la agresión y se encerró en el baño; pero derribaron la puerta a patadas, le sacaron el teléfono, la redujeron y sacaron por la fuerza. Al mismo tiempo, a metros, otros policías obligaban a su padre a salir de la cama y del dormitorio, apoyándole un arma en la espalda. A pesar que había personal femenino, el propio Díaz ingresó a otro dormitorio y sacó de un brazo a su hermana, con violencia. La familia insistió en que no se negaban al procedimiento, pero no les permitieron terminar de vestirse ni abrigarse. Marilyn pidió que llamaran a una ambulancia, ya que su madre se había descompensado y sufre de hipertensión, a lo que Díaz no accedió. “Durante horas estuvimos rehenes en nuestra propia ruka. Nos mostró un papel doblado que supuestamente era la orden judicial, pero nunca la leyó ni nos dejó copia. De testigo llevaron a un hombre de Maitén, el padre de un policía, pero no siempre estuvo presente en todo lo que hicieron”.

Semanas antes habían enviado a policías de la comisaría local a hacer la tarea de recolección de información previa, que los padres ofrecieron inocentemente, detallando hasta la disposición de las habitaciones. Los padres viven solos en una ruka; al lado, en otra, una hija con un niño que permaneció escondido todo el tiempo.

En la audiencia de inicio formal de la investigación penal, Bottini aseguró que en Cañío encontraron armas, municiones y fotos de la ex gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y del intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, lo que negó absolutamente la werken.

Rufo, el caniche, y Mía, la perra de lxs niñxs, no dejaron de ladrar. Al día de hoy siguen alterados.

Excursión de pesca

A la misma hora, al menos una decena de efectivos desembarcó en el territorio comunitario Catrimán, junto a la laguna El Martillo, a unos 25 kilómetros de Trevelin. Este espacio está a unos 15 kilómetros en línea recta del área de la estancia Amancay, distancia que se multiplica por lo inaccesible del terreno. La gente mapuche no cuenta allí con un vehículo 4×4 apto para una acción nocturna, en caso de que el cuerpo acompañara.

La papay (mujer mayor) Isabel Catrimán, de 82 años, tomaba mate esa mañana del martes 11 cuando fue rodeada por una decena de hombres encapuchados, con armas largas.

En la orden de allanamiento, el juez indica que Juan Cruz Cárdenas, lonko de la lof Paillako desalojada el 9 de enero del Parque Nacional Los Alerces, visitó alguna vez la ruka de Isabel. Isabel usa bastón y se cayó durante el procedimiento violento. Le tomaron muestra de ADN y fotografías. Designó a Verónica Heredia como su representante legal para exigir conocer los fundamentos por los que el Poder Judicial dispuso semejante operativo violatorio de derechos elementales.

La audiencia tuvo ribetes dramáticos en los que el juez Criado mostró el tono autoritario que lo caracteriza. Dijo que Isabel no necesitaba abogada defensora porque no era imputada. Heredia preguntó entonces las razones por las que ordenó el allanamiento y la toma de ADN si no era imputada; en calidad de qué tomó semejantes “medidas de persecución penal y restrictiva a los derechos humanos, tales como la inviolabilidad del domicilio y, en especial, la dignidad humana, al haber permitido una medida invasiva como la introducción de elementos en el cuerpo de Isabel para la obtención de ADN”.

En ese momento, el juez le preguntó a lxs abogadxs de la Fiscalía si habían imputado a Isabel y respondieron “aún no”. Por eso ratificó que Isabel no es parte en el proceso y le negó acceso a la documental existente. Pudo saber sí que su muestra de ADN no se corresponde con la muestra biológica encontrada en Amancay, argumento que le sirve para montar una colección mapuche propia a partir de este mega-procedimiento.

Esta práctica no es nueva, explicó Heredia. “En la doctrina y en la jurisprudencia se lo llama ‘excursión de pesca’; esto es realizar medidas en contra de una persona sin tener ninguna prueba sobre ella y, según el resultado, luego justificar la persecución penal. Obviamente esto es inconstitucional y contra-convencional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Fernández Prieto, condenó al Estado argentino por estos procedimientos”, destacó.

Humo

Cada uno de los allanamientos ofrece elementos para una comprensión del paradigma del uso de la fuerza pública que sostiene el gobierno local en esta etapa. Por el momento, se puede advertir:

• ancianos como blancos elegidos, aunque no se correspondan con las características físicas imaginables para personas que actuaron con rapidez y destreza en la oscuridad y la clandestinidad;

• gran desproporción numérica entre los efectivos policiales y la población civil objetivo;

• violencia física y psicológica en la ejecución de los allanamientos, que duraron varios horas, en los que lxs pobladores quedaron como rehenes en sus propias rukas, totalmente incomunicados y sin ningún tipo de resguardo institucional;

• efectivos encapuchados que impiden a las víctimas al menos identificar físicamente a los agresores;

desconocimiento de reglas básicas: no se permitió leer ni tener copia de la orden judicial, no hubo testigos (más o menos) imparciales, no se hizo acta de los secuestros ante las víctimas ni se les entregó copia, no se siguieron los protocolos para la extracción de muestras de ADN;

• secuestraron los teléfonos celulares de numerosas personas, dejándolas incomunicadas en áreas rurales sin posibilidad de pedir asistencia sanitaria para lxs adultxs mayores seriamente afectados por el procedimiento judicial-policial; y

• afectaron seriamente el patrimonio de una radio comunitaria, pieza importante en la construcción contra-hegemónica de la comunicación.

El operativo Amancay buscó castigar a cuatro comunidades por su acción solidaria con una quinta, desalojada de su territorio días antes del ataque incendiario; obstaculizar la presencia y la labor de la machi (autoridad espiritual propia del pueblo mapuche orientada a la sanación en todos los órdenes) proveniente de gulumapu (territorio ancestral ubicado al oeste de la cordillera de los Andes, en Chile); tensar y quebrar las redes familiares y afectivas de la gente de los territorios en conflicto; y boicotear los vínculos de solidaridad política y material con todas las expresiones locales de defensa integral del territorio.

El juez Criado se molestó cuando Heredia le habló de la excursión de pesca en la laguna El Martillo. Tal vez porque el safari incluye la laguna Terraplén, ubicada parcialmente dentro del perímetro de la mensura de la estancia Amancay, muy cerca de la intersección de las rutas 71 y 72. Desde ese punto, hace unos años, la coalición de derechas Consenso Patagónico marchó hacia la intendencia del Parque Nacional Los Alerces reclamando mano dura contra Paillako.

Por Susana Lara

Foto portada:  Denali DeGraf

Equipo de Comunicación Popular Al Margen

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