Campaña del Desierto, versión siglo XXI

El Gobierno derogó la prórroga de la ley que protegía y buscaba regularizar la situación de las tierras reclamadas por los pueblos originarios. Esta situación vuelve a habilitar desalojos y genera preocupación en las comunidades.

A través del Decreto 1.083, el Gobierno nacional derogó el Decreto 805/21, que prorrogaba la vigencia de la Ley 26.160. Así, estableció “finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”.

La normativa derogada había sido sancionada en 2006 y declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades, suspendía los desalojos y ordenaba la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.

La ley 26.160 fue dictada ante la situación en la que se encontraban las comunidades en relación a la falta de efectivización de sus derechos territoriales y, a pesar de que no brindaba títulos ni escritura la propiedad comunitaria, funcionaba como una herramienta más de protección para sus derechos.

Esta situación deja a las comunidades indígenas expuestas a una situación de vulnerabilidad en relación a sus derechos territoriales y su supervivencia cultural al tiempo que vuelve a habilitar la posibilidad de desalojos.

Mediante un comunicado, la Asociación de Abogados y Abogadas en Derecho Indígena recordó que “el relevamiento territorial de las comunidades aún se encuentra inconcluso. Las zonas más complejas en las que las comunidades conviven con proyectos extractivos de diversas industrias requieren con urgencia ser relevadas. De ninguna manera podría darse por resuelta la situación de emergencia comunitaria”.

Y señaló que “el Estado tiene la obligación de demarcar, delimitar y titular las tierras indígenas. En virtud del marco jurídico con jerarquía supralegal que prohíbe desalojos y traslados forzosos. (Cfr. lo indicado por la Corte IDH en el caso Lhaka Honhat vs. Argentina (2020) y lo estipulado en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT (Ley 24.071) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas”.

“Es clave que los actores que integran la administración de justicia tengan en cuenta el marco jurídico vigente y las obligaciones estatales en relación con la protección de los derechos territoriales. La derogación de la norma no habilita el impulso de desalojos de comunidades indígenas, ya que como postulaba el Dr. Germán Bidart Campos, la cláusula de la Constitución Nacional es operativa y así debe respetarse en sede judicial”, agregó.

El werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro Orlando Carriqueo evaluó que “esto implica una gravedad institucional enorme y hay que mirarlo desde esa perspectiva. Significa la violación de los derechos humanos, la violación de los convenios internacionales y de la propia Constitución”.

En ese sentido, Carriqueo advirtió que la medida “tiene una gravedad enorme porque también se eligió el día para darlo a conocer. Y fue el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos y Día de la Democracia. Es una medida que se aleja del pacto democrático, puede generar una inestabilidad muy grande, mucha conflictividad social y puede costar vidas”.

“Nosotros denunciamos esto como una práctica de genocida y también como un delito. Violar los derechos humanos en un sector de la sociedad es un delito. Y si lo hace el Estado, es un delito de lesa humanidad. Entonces, creo que hay que advertir eso”, agregó la autoridad mapuche.

Consultado sobre los pasos que podrían seguir, Carriqueo contó que “ayer estuvimos hablando con varias organizaciones y varios pueblos y se está pensando en una presentación de inconstitucionalidad. También tiene que pasar por la bicameral para que ese decreto quede aprobado. Creo que también puede haber demandas internacionales, como en Argentina. Y también hay una resolución de la mayoría de los pueblos y de las comunidades que es resistir esos desalojos que eventualmente favorecen este decreto. Y creo que eso es lo más grave para la paz social, porque implica riesgos de vida”.

La medida dispuesta por el Gobierno da piedra libre a los desalojos por la fuerza. Y las comunidades no tienen un buen recuerdo respecto de lo que sucedió cuando en situaciones similares, con Patricia Bullrich al mando de las fuerzas federales dispuso desalojos. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel son las víctimas fatales de aquellas jornadas de 2017.

“Sabemos cómo actúan las fuerzas de seguridad cuando lo hacen frente a las comunidades. Y creo que nos pone en alerta sobre eso, pero como una decisión también colectiva propia de la historia de los pueblos indígenas en el mundo y en Argentina, que venimos resistiendo el avasallamiento institucional, el racismo y el genocidio”, advirtió Carriqueo.

“Este gobierno se va a ir, ese partido va a desaparecer, los gobiernos provinciales o los gobernadores se van a ir, pero los pueblos indígenas van a seguir estando en el territorio. De eso no nos queda la menor duda”, afirmó el werken.

Y concluyó: “La sociedad tiene que advertir que estamos fuera de los parámetros de la democracia. Creo que son claramente decretos violatorios hacia un sector de la sociedad. Cuando no se respetan los derechos humanos, se pierde la democracia. Cuando no hay garantías constitucionales, se pierde la democracia. Y eso es lo que está haciendo este gobierno. Que aparte, no solo es antidemocrático, es militarista, es fascista, es racista, es misógino, es violento. Todas estas son características que le caben a este gobierno que no debería tener ni siquiera la posibilidad de presentarse a elecciones”.

Por Pablo Bassi (Publicada en Canal Abierto)

Foto portada: Maru Bleger

Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen

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