Ginóbili quedó atrapado en una compleja trama de negociados inmobiliarios en La Angostura

La disputa por las tierras que reclama el exbasquetbolista es parte de un conflicto mayor en perjuicio de la comunidad Paicil Antreao. Al asedio de intendentes fiscales, policías, y desarrolladores.

El basquetbolista Emanuel Ginóbili quedó involucrado en una compleja trama de negociados inmobiliarios en Villa La Angostura en perjuicio de la comunidad mapuche Paicil Antreao, que defiende un territorio que le pertenece desde 1903 cuando el expresidente Julio Roca les concedió 625 hectáreas, llamadas “Lote 9”, sobre las que se erigió Villa La Angostura y que hoy constituyen las tierras más apetecidas por los operadores inmobiliarios en ese paraíso neuquino.

Por casi un siglo, la comunidad Paicil Antreao fue objeto de acoso para despojarla de esas tierras, en el que se involucraron jueces, fiscales, policías, intendentes, desarrolladores urbanos, abogados, aventureros, y hasta exmilitares que reivindican a la última dictadura y atacan a las infancias mapuches en las escuelas.

El asedio se materializó en intentos de usurpación y desalojo, de acecho judicial y ataques armados e incendiarios. En los últimos 20 años les abrieron más de 30 causas judiciales contra 60 miembros de la comunidad hasta por razones tan absurdas como la ocupación de sus propias tierras. Un lawfare patagónico que redujo aquellas 625 hectáreas originales en apenas 120 en la actualidad.

El territorio está en el corazón de la Villa, en el faldeo del Cerro Belvedere sobre las costas del Lago Correntoso con vistas libres hacia el Nahuel Huapi y a las nieves eternas de una Cordillera de los Andes. La Paicil Antreao es un obstáculo insalvable para urbanizaciones turísticas millonarias en dólares que convocan a inversores, aventureros y malandrines de toda laya.

Originalmente, las tierras llegaban hasta mucho más allá del Correntoso, a tal punto que el cementerio mapuche original se encuentra en la actual plaza principal de Villa La Angostura, en pleno centro comercial de la ciudad, frente al ACA y la terminal de Micros. Pero sucede que cuando se hizo la primera mensura, en 1933, a los Paicil y a los Antreao (depositarios de las tierras originales) les cercenaron de prepo decenas de hectáreas que hoy son la avenida comercial de la ciudad. Don José Antreao se negó a firmar la nueva traza, pero la policía fronteriza que envió la autoridad logró persuadirlo. Hoy su nombre figura entre los 32 fundadores del pueblo y en placa de rigor se le agradece la “donación voluntaria” de los terrenos.

En esa ciénaga cayó en 2004 Manu Ginóbili cuando su fallecido padre Jorge “Yuyo” Ginóbili compró 12 hectáreas del Belvedere por apenas 150 mil dólares para un desarrollo turístico.

Ginóbili las compró a un grupo familiar, “los Salamida”, quienes a través de las generaciones fueron clave en el asedio a la Paicil Antreao. En 1948, don José María Segundo Paicil, iletrado en español, vendió una hectárea a Elvira Mesa, esposa de José Salamida. La escritura, de 1966, no dice dónde está ubicada esta hectárea misteriosa que por acción divina engordó hasta llegar a convertirse en las 12 que compró Ginóbili en 2004 a precio de ganga.

Los Salamida también se apropiaron de otras 21 hectáreas, que dicen haber cobrado por los servicios de apoderado de don José María Segundo. Pero cuando en 2002 intentaron montar allí un centro de Canopy, el municipio lo clausuró por no poder probar que era ni inquilinos ni propietarios de esos terrenos.

Don José había sido un vecino notable como interventor de Villa La Angostura durante las dictaduras de José María Guido, en 1962, y de Jorge Videla, en 1976. Tal vez por afinidad castrense sus herederos se asociaron ahora con el excapitán del Ejército José María Alejandro Galli, para montar un centro de equinoterapia en las mismas tierras donde fracasó el canopy.

Orgulloso de la última dictadura, el excapitán Gallí irrumpió a los gritos en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura durante el acto del 9 de julio para exigir el retiro de la bandera Wenufoye, símbolo del Pueblo Mapuche, ante el asombro de las autoridades municipales y provinciales, quienes más se horrorizaron cuando la patota arremetió contras las niñas y los niños para quitarles la bandera.

El próximo jueves 12 se realizará una audiencia por la supuesta usurpación de aquellas 21 hectáreas que los Salamida reclaman como propias. La fiscalía del caso, como suele suceder, pasó por alto una agresión violenta contra un grupo de mujeres mapuches que en febrero pasado intentaron impedir que aquellos cercaran el terreno que, además, cortaba un callejón interno de la Paicil Antreao. Son las tierras del canopy y el centro de equinoterapia.

La Comunidad reclama que el juicio Oral y Público por las tierras que reclama Emanuel Ginóbili sean en el Centro de Convenciones para exponer públicamente títulos y documentos, evitar el secretismo de los expedientes y permitir que la sociedad sea testigo finalmente de la verdad histórica.

Damián Olivero tiene 44 años, es la quinta generación desde que Ignacio Antreao y José María Paicil se asentaron en la zona, y es el Lonko de la Comunidad. Olivero dijo a Tiempo Argentino: “Nosotros queremos pedirle al Estado que haga una reparación ante todo el despojo que sufrió la comunidad. Sobre todo queremos justicia por nuestros kuifikeche yem (los antepasados fallecidos) que han sufrido el abuso y las estafas de los distintos gobiernos y dictaduras a lo largo del siglo pasado y el presente: Nunca consultaron si podían desarrollar la ciudad dentro del territorio y nunca hubo algún tipo de resarcimiento a cambio”.

Cuando pide justicia, el lonko Olivero todos los saqueos y usurpaciones que sufrieron desde aquella primera mensura de 1933, cuando les quitaron lo que hoy es el centro de la ciudad. Pero que igualmente continuaron con el tiempo.

En 1993, por una supuesta deuda impositiva jamás comprobada, la Provincia le quitó 120 hectáreas a la Comunidad, que luego fueron rematadas. De ellas, 87 quedaron en manos de un fideicomiso de financistas que en 2010 intentó un desarrollo de élite pero quedó trunco por el desastre ambiental que ocasionaron al iniciar los trabajos. La sociedad estaba integrada, entre otros, por Alberto Artemio López, concuñado de Mauricio Macri; Alfredo Reganzani, exinterventor de Grupo Grecco durante la dictadura, y Murat Nakas, un operador financiero que integró la directiva de Boca Junior durante los mandatos del expresidente Daniel Angelicci.

Las usurpaciones también implicaron a “La famiglia Judicial”. En 1999 el abogado Federico Sommariva apareció con una misteriosa escritura que le adjudicaba la propiedad de una exclusiva zona llamada “Mirador del Belvedere”, que finalmente jamás ocupó. El abogado era hijo del juez de la Suprema Corte de Neuquén, Jorge Sommariva, quien pocos años más tarde, en 2004, quedó complicado en la compra de una estancia de 6 mil hectáreas vía testaferros y con fondos cuyo origen no pudo justificar.

La Municipalidad de Villa La Angostura abrió dos causas todavía en proceso para desalojar a la comunidad de las costas del Lago Correntoso y de un camping que administran desde hace larguísimos años. Para hacerlo, se valió sin vergüenza del decreto-ley 21477 de la última dictadura, que lleva la firma de Jorge Videla y Albano Harguindeguy.

Don Edgardo Castello era en los años cuarenta del siglo pasado un joven abogado radicado en Viedma que compartía su estudio con su compinche José María Guido, quien años más tarde sería el senador golpista que asumió la presidencia tras el derrocamiento, en 962 del presidente Arturo Frondizi. Castello, de la UCR, sería luego en el primer gobernador constitucional de Río Negro.

Pero el joven letrado recién recibido también cobraba del Estado como defensor oficial de “menores e incapaces”. Esa función lo llevó a intervenir en las sucesiones de los Paicil y Antreao en las sucesiones familiares con una forma de pago que se tradujo en alguna decena de hectáreas que pasaron prontamente a integrar su patrimonio.

También la Policía de Neuquén fue a por su tajada cuando en 2009 el municipio le aprobó a la Mutual del Personal Policial un proyecto para construir 16 cabañas y un SUM sobre varias hectáreas del “Lote 9”, propiedad de la comunidad Paicil Antreao. Por esas casualidades, en las inmediaciones montaron un puesto de control policial que fijaba su mirada casi en exclusiva sobre la gente mapuche. El escándalo fue tan grande que finalmente el Municipio decidió relocalizarlos.

Todos estos son sólo algunas de las decenas de situaciones de acoso sistemático para el despojo de las tierras del Lote 9 que la comunidad posee desde 1903, que se han realizado ininterrumpidamente por vía legal, por la violencia, el engaño y la presión del Estado.

Francisco Capraro era un terrateniente, dueño del Hotel Correntoso, primer comisionado de fomento de Villa la Angostura, cofundador del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y primer senador nacional de la provincia. Fue también uno de los primeros en admitir el asedio para el despojo de la Comunidad. Ya anciano, en 1998 concedió una entrevista a Mercedes Palavecino, responsable del Museo Histórico Municipal, en la que confesó con absoluta claridad que por muchos años “se vendían las tierras del Lote 9 (de la Paicil Antriao) con los indios adentro”. Solo han cambiado las formas.

La diáspora

Cuando el toki (líder militar) Valentín Sayweke firmó la rendición el 1 de enero de 1885, en Junín de los Andes, comenzó la diáspora de la derrota para mucha de la gente de sus huestes. Su caída significó el fin de la guerra.

Entre aquellos guerreros se encontraban José María Paicil e Ignacio Antreao, quienes años más tarde trabarían una fuerte amistad con espíritu comunitario mientras trabajaban en los arreos y comercio con las comunidades mapuches transcrodilleranas a través del corredor del puyehue y lo que es hoy el paso cardenal Samoré.

Su posición se consolidó en la zona del Lago Correntoso. Eran agricultores, ganaderos y, principalmente, baqueanos que, por esas cosas de la vida se relacionaron y colaboraron con las expediciones del perito Francisco Moreno, quien había sido casi amigo personal de Valentín Sayweke antes de la crisis que los enemistó.

Por su valiosa tarea en la zona, Moreno intercedió ante el presidente Julio Roca para reconocerles a Paicil y a Antreao tierras en su zona natural, lo que finalmente se concretaría con la resolución presidencial de 1903 que les concede 625 hectáreas en el denominado Lote 9, la actual traza de la localidad de Villa la Angostura que por entonces se llamaba Colonia Agrícola pastoril Nahuel Huapi.

Durante décadas, ellos y sus descendientes vivieron sus vidas acorde a las tradiciones ancestrales, mientras se veían obligados a defenderse de las usurpaciones violentas y leguleyas de los “pioneros” blancos. A la vez les brindaban alojamiento, apoyo y tierras a muchas otras familias mapuches que eran permanentemente desalojadas de sus propios asentamientos.

Así fue casi todo el siglo 20, hasta que en 2002 sus descendientes y los descendientes de las familias que encontraron refugio en esas tierras, conformaron la comunidad Paicil Antreao, que busca el reconocimiento que le es negado por el Estado argentino, continuar con la propiedad comunitaria de sus tierras y emprender el camino de recuperación de todas aquellas que les fueron saqueadas a lo largo del tiempo por la voracidad insaciable del mercado inmobiliario que solo ve dinero y renta donde los verdaderos dueños ven vida, armonía y comunidad.

Piden la presencia de Ginóbili

La comunidad mapuche Paicil Antreao, pidió a la justicia neuquina establecer un pie de igualdad ante la ley con el basquetbolista Emanuel Ginóbili, quien les disputa 12 hectáreas en el Lago Correntoso.

El abogado de la comunidad, Virgilio Sánchez, pidió a la Justicia que cite a declarar a Ginóbili: “Si los miembros de la comunidad se van a sentar en el banquillo de los acusados, tendrá que venir Ginobili al juicio y mirar a los ojos a los mapuches y contestar las preguntas que le vamos a hacer. Es su derecho y su tradición», reclamó.

“Mis defendidos se preguntan ¿Por qué Ginobili puede usar el Poder Judicial de Villa La Angostura, Fiscalía, Jueces para sus intereses personales y se ve eximido de declarar cuando las personas a quienes denuncia lo convocan para que responda al interrogatorio de la defensa? ¿Quién le da esos privilegios?”, protestó.

Añadió que Ginóbili “vive en Houston pero hace desastres en Villa La Angostura, inicia juicios y hace denuncias contra la comunidad Paicil Antreao, lleva adelante proyectos inmobiliarios que contravienen la ley de bosques y la vivienda de su cuidador casualmente refugió a la patota que atacó a la comunidad mapuche, pero el señor no puede ser molestado».

“Hay que visibilizar esa desigualdad, porque parece que hay ciudadanos de primera y de segunda, pero los de primera viven en EEUU», concluyó Sánchez.

Por Alejandro Pairone (Tiempo Argentino)

Informe: Susana Lara

Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen

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