El gobierno libertario inaugura la condena al pueblo mapuche

Por primera vez en la historia el Poder Judicial condena al pueblo mapuche por delito de usurpación y el Poder Ejecutivo decreta la derogación de la ley 26.160, instrumento clave de protección del derecho indígena-. Conversamos con la antropóloga Ana Ramos para analizar las nuevas estrategias jurídicas del Estado y las distintas acciones del pueblo mapuche en esta larga disputa simbólica y territorial.

Este año la justicia provincial y federal sentenció en contra de tres comunidades mapuche que desde hace muchos años se encuentran en un proceso de afirmación de derechos. Condenó a prisión a comuneros y pidió el desalojo de la lof Buenuleo en el cerro Ventana, el desalojo de la lof Quemquemtreu en Cuesta del Ternero está en suspenso y prohibió el acceso al sitio sagrado a los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi. 

El Estado restringe los criterios de lo que es legal y lo que no

Las sentencias determinaron que la ocupación de los territorios se realizaron de forma clandestina, en el caso de la Winkul además de manera violenta-. y cuestionaron las vías de hecho para la recuperación de las tierras, en lugar de las vías legales correspondientes. Se les exige a los pueblos originarios que tramiten sus reivindicaciones en los contextos de la norma, sin embargo, no existe legislación sobre propiedad comunitaria que asegure sus derechos sobre el territorio.

“En algunos casos no se encuentran a disponibilidad esas vías legales -dijo la antropóloga- y en otros casos se ejercieron por mucho tiempo, con mucha injusticia y con pocos resultados. Habría que revisar si fue tan así que no se recurrió a ellas o que no se las buscó primero y qué resultados tuvieron. Si se introduce el concepto de criminalización de la protesta social se puede complejizar la tensión entre las vías legales y las vías de hecho. Lo que se llaman vías de hecho es lo que generalmente eran las dinámicas de la protesta social. Entonces cuando el Estado restringe las categorías de uso y los criterios con los que se evalúan las prácticas puede quedar del lado del delito lo que antes era protesta social “.

“Otra problemática que se evidencia en los juicios es la tensión entre la propiedad privada y la propiedad comunitaria. Si bien esta tensión siempre existió, la estrategia actual no discute la legitimidad de la comunidad como comunidad originaria -discusión que eran bastante frecuente y circulaba mucho sobre todo en los medios de comunicación y en el ámbito jurídico-, sino que cuestiona las circunstancias en que se llevan a cabo las reivindicaciones. Entonces el derecho indígena no se introduce en el debate porque lo que se vuelve prioritario es que hubo un acto de violencia frente a la propiedad privada. En vez de hablar de derechos ancestrales, los abogados defensores hablan particularmente del derecho de posesión -que se legitima en el uso del territorio y la realización de mejoras en las viviendas- siguiendo la lógica de la propiedad privada y no de la ocupación territorial. Si bien el concepto de posesión siempre fue relevante en los litigios jurídicos indígenas, este momento exige por parte de los estudiosos del derecho y de la ciencia sociales, hacer un mejor diagnóstico de cómo esa idea de posesión entra en juego como herramienta jurídica. Empiezan a aparecer otros fundamentos indígenas de ocupación tradicional que no se explican por la evidencia, por ejemplo: “Ésta es la tapera de mi abuelo”, hay otras formas que tienen que ver con lo espiritual, con los lugares sagrados y muchas de esas prácticas devienen en evidencias intangibles. Esto no está entrando en una discusión seria en las audiencias”.

El Estado se desdice

En el caso de la lof Buenuleo, el Estado a través del INAI reconoció -después de un largo proceso de relevamiento territorial- el derecho a la comunidad de ocupar sus tierras y este año anuló dichas resoluciones. Con respecto a la Winkul, el Estado firmó varios acuerdos con la comunidad que llevaron mucho tiempo de diálogo y luego del juicio quedaron sin efecto, prohibiendo el acceso al espacio ceremonial.

“Siempre pasó que el derecho indígena se buscó negar -dijo Ana Ramos-. Hay ciertos pisos que se pensaban ganados y que ahora están de nuevo puestos en discusión. Creo que hoy también hay un sector de la sociedad que defiende la propiedad privada mucho más organizado, con medios de comunicación propios y con encuentros y reuniones en las distintas provincias, que difunden discursos que implican una banalización del proceso histórico que las leyes indígenas venían a reparar. La necesidad de reparar la historia quedó lejos, por eso uno a veces piensa en un retroceso. Habrá que ver qué pasa después de todas estas discusiones, si se da un salto y se avanza o estamos en un momento crítico en términos de discursos y de prácticas”.

El Estado acota los lenguajes autorizados para la disputa

El gobierno de la Libertad Avanza cerró organismos que protegen el derecho indígena como la Comisión de Asuntos Indígenas y el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCi) y el 18 de septiembre presentó un decreto que declara la finalización de la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria para dejar sin efecto la ley 26.160 -ley marco que confiere seguridad jurídica a las comunidades-.

“El cierre de instituciones, los achicamientos de sus funciones o de los espacios de intervención, dejar sin efecto ciertas leyes o programas, además de ciertas prohibiciones -por ejemplo la prohibición de izar la bandera mapuche-, restringe el espacio de la disputa disponible para los pueblos indígenas. Es necesario incorporar al análisis los discursos discriminadores porque ciertas prohibiciones y ciertos achicamientos se fundamentan en discursos que promueven particularmente el racismo, como la idea de un otro externo dentro de la Nación –el mapuche peligroso- para descalificarlo como interlocutor político, incluso como sujeto de derecho. En este accionar hay mucho de repetido y hay mucho de distinto y a veces lo que es más difícil es poder identificar qué es eso distinto porque cada momento histórico irrumpe con las fuerzas de su época. Entonces cómo se sigue de acá en adelante con tantos menos espacios disponibles, es probable que cada vez sean más las prácticas criminalizadas porque desbordan esos espacios pequeños de legalidad”, dijo la antropóloga.

Las repuestas del pueblo mapuche

Desde el retorno a la democracia la antropóloga identifica tres procesos de recuperación del territorio cada uno con su propia narrativa. La primera se articula en base al engaño que sufrieron los abuelos y las abuelas, la segunda se construye a partir del genocidio y el despojo y la tercera, en los mensajes de los ancestros. La mayoría de los conflictos entrelazan estos tres modos de fundamentar el derecho indígena. 

“En los primeros años de democracia el discurso del pueblo mapuche se fundamentó en los engaños que sufrieron sus antepasados. Este tipo de recuperación que hace justicia al derecho ancestral de los abuelos y abuelas sigue vigente, explica muchas recuperaciones actuales, dio lugar a ciertos procedimientos de discusión jurídica pensados para producir las pruebas que den cuenta del engaño y de la ocupación tradicional y ancestral de cierta ascendencia familiar en esos territorios. Hoy esta estrategia pierde lugar porque, como decía antes, la recuperación como práctica política o como forma de protesta social está totalmente criminalizada. Entonces el juicio pasa a ser por usurpación y no se discute el derecho sobre ese territorio en sí mismo”.

“En los 2000 empieza a estar disponible en términos discursivos y de conocimiento toda una historia de genocidio en la conformación del Estado Nacional y la creación arbitraria y desigual de latifundios a costa del pueblo indígena. Entonces las dinámicas de acción política en algunos casos fue la de recuperar territorios que estaban en latifundios muy conocidos en Patagonia o en tierras fiscales. Ese tipo de recuperaciones empezaron a tener otra lógica y a producir otras evidencias en relación a una larga historia de despojo y a las formas en que se repartieron esas tierras”.

“En los últimos años se dieron a conocer narrativas que articulan los mensajes de los ancestros, visiones, levantamiento de machis que dan cuenta de una vinculación más ceremonial y espiritual con el territorio, que fue clave en cada uno de los procesos previos, la diferencia es que en algún momento se decidió que se iban a volver públicos. Creo que esta última estrategia abrió tanto la discusión a la legitimidad de ciertos propietarios en el territorio de Patagonia que resultó más amenazante. Pensando en un estado bien intencionado, que lo que quiere es ver cómo reglamenta estos relatos de sueños y visiones, se vuelve todo un desafío operar con una lógica tan ajena a sus formas. También es cierto que hay un montón de leyes indígenas que por el momento habilitarían todos estos procesos. Estamos lejos de eso, sería una discusión para otro contexto de madurez política”.

Una ciudadanía intercultural

Estas tensiones entre la propiedad comunitaria y la propiedad privada, las vías legales y las vías de hecho, se entrelazan entre sí y no afectan solo al pueblo mapuche. También nos permiten pensar las variables que interfieren en la construcción de una ciudadanía que pueda alojar un Bariloche verdaderamente intercultural.

“Creo que tenemos que tomarnos en serio la reflexión sobre qué tipo de ciudadanía estamos construyendo -dijo Ana Ramos-. La antropóloga Virginia Manzano define dos tipos de ciudadanos: el propietario y el que se construye a partir de la participación política, dos paradigmas históricos de ciudadanía muy distintos y siempre en pugna. Sería todo un desafío pensar cómo aplicar estos distintos derechos, construir una convivencia diferente entre ciudadanías heterogéneas en igualdad de condiciones para disfrutar sus concepciones de mundo, para disputar sus procesos históricos o las formas de reparar procesos históricos disímiles. Esto implicaría además cuestionar los modos de explotación y la forma en que se conciben los recursos. Bueno, nunca hubo esa intencionalidad de hacerlo seriamente, lo que hay, es todo lo contrario”.

Por Verónica Battaglia

Foto portada: Eugenia Neme

Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen

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